Muchos consideran que el pago mensual de un alquiler, es un desperdicio de dinero. Sin embargo, los servicios existen para satisfacer una demanda, y en este caso la hay. El problema es la dinámica económica de los últimos años, así como la inflación, que ha conllevado aumentos significativos, tanto en este sector, como en otros tantos de nuestra vida. Esto ha originado una especie de necesidad que es limitar los precios del alquiler.
Fue así como surgió la Ley de Vivienda, que busca limitar los precios del alquiler. A simple vista, esta medida puede parecer muy idónea para los arrendatarios, para así restringir los aumentos desmesurados que suelen aplicar muchos arrendadores. Sin embargo, esto conlleva consecuencias para los arrendadores y para todo el sector. Las explicamos a continuación.
Limitación de la oferta de alquileres
Si algo ha demostrado la historia, es que el control del precio de un producto o servicio tiene efectos contraproducentes. En una dinámica económica saludable, es común que éstos aumenten o disminuyan bajo ciertos contextos. Aplicar limitaciones «para evitar» su incremento incluso aunque los costes de producción o mantenimiento se eleven, es asfixiar al sector. Por ello, al limitar los precios del alquiler ocurre lo mismo.
Recordemos que, de forma general, el objetivo de un negocio es generar ingresos. Para que esto ocurra, las ganancias deben ser superiores a los costes y gastos implicados. Al limitar los precios del alquiler, puede ocurrir que las ganancias no sean lo suficientemente atractivas como para ofrecer el servicio. Y esto puede deberse, precisamente, a que otros precios sí siguen aumentando.
Menor seguridad jurídica
Pero esta no es la única razón por la que limitar los precios del alquiler puede afectar la oferta en el sector. El descontento, la insatisfacción y, sobre todo, la falta de seguridad jurídica también puede influir en ello. Instituciones como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo han advertido también. A medio y largo plazo, el interés por ofrecer una vivienda en alquiler podría mermar.
La falta de seguridad jurídica implica ofrecer un servicio en un contexto inestable en el que el arrendador tiene muchas probabilidades de perder. Para muchos, conlleva una inversión muy costosa que podrían aprovechar para llevar a cabo otra actividad lucrativa. Esta es otra consecuencia de limitar los precios del alquiler.
Menor inversión en el sector inmobiliario
Todo produce consecuencias mayores, siendo el económico uno de los aspectos más afectados. Limitar los precios del alquiler reduce el atractivo del sector inmobiliario para posibles inversores, tanto nacionales como extranjeros. Y todo esto, a medio y largo plazo, se traducirá en un retraso en la infraestructura y el desarrollo del parque de vivienda de España.
Mayor dificultad para acceder a viviendas entre los grupos vulnerables
Y aunque pareciera que una medida como limitar los precios del alquiler afecta solo a los grandes propietarios que arriendan, hay más víctimas. Como ya indicamos, la consecuencia directa es la reducción de la oferta, lo que quiere decir que menos personas ofrecerán alquileres. Pero, desde el punto de vista social, esto también implica que habrá menos opciones de vivienda a precio asequible.
Por consiguiente, las poblaciones o colectivos más vulnerables también podrían experimentar mayores dificultades. La falta de vivienda es uno de los factores más asociados con la pobreza y otra amplia gama de problemas sociales. De hecho, suena lógico que los propietarios den prioridad a los perfiles más solventes, limitando las posibilidades de que alguien con menos ingresos, encuentre vivienda.
Sin analizar mucho el contexto, no limitar los precios del alquiler haría que más personas pudieran pagar por un buen servicio a un precio justo. Sin embargo, la evidencia histórica de medidas similares aplicadas en otros mercados, demuestra que no funciona así. El control de precios estimula la inflación y promueve el deterioro del producto o servicio en cuestión de manera sutil.
Conclusiones
Regular el precio de un producto o servicio es una de las medidas más controversiales que puede aplicar el Estado. Y es que, aunque esto efectivamente controla los precios oficiales, también dificulta el desarrollo de la economía. Asimismo, limitar los precios del alquiler conduce a muchas personas a ofrecer el servicio de manera informal, contribuyendo con la falta de seguridad jurídica.
En conclusión, limitar los precios del alquiler implica un enorme golpe a la economía del país. Se sacrificaría la sofisticación del servicio, reduciendo la posibilidad de volverlo más profesional. También limitaría la colaboración público-privada y promovería la informalidad junto con todas sus implicaciones. El resultado sería un mercado de alquiler de baja calidad y con poca oferta.
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