A finales del año 2021, se discutió de manera general el preámbulo de la Ley 8/2021, que introduce una nueva figura de asistencia conocida como curador, brindando respaldo a individuos con discapacidad que necesitan ayuda para desenvolverse en distintos aspectos de su día a día y no pueden hacerlo por sí mismos.

Ahora, tras un tiempo transcurrido, en PRIMER GRUPO Gran Vía, deseamos ofrecerte información detallada sobre lo que esta ley implica y cómo se relaciona con el sector inmobiliario.

 

¿Qué establece la Ley 8/2021?

Esta ley ha eliminado el término «persona incapacitada» y la incapacitación judicial, reemplazándolos por «discapacidad» o «persona discapacitada». Esto regula las ayudas que necesitan estas personas para tomar decisiones, independientemente de sus limitaciones o condiciones de salud.

Se recomienda evitar términos como «minusválido», «incapaz», «inválido», «disminuido» o «subnormal», ya que tienen connotaciones negativas en el ámbito legal y social, especialmente en referencia a individuos con discapacidad psíquica o intelectual.

Hoy en día, la existencia de la discapacidad no requiere una declaración judicial, a diferencia del procedimiento previo de incapacitación. Ahora se emite una resolución judicial de provisión de apoyos, que no implica la privación o modificación de la capacidad de las personas.

 

¿Cuál es el propósito de esta Ley?

Las medidas judiciales de apoyo se implementan cuando una persona con discapacidad no puede ejercer plenamente su capacidad jurídica, permitiéndole desenvolverse en todos los aspectos de su vida que lo requieran, garantizando así su participación jurídica en diversos ámbitos.

 

¿Puede una persona designar a otra para que le asista y represente si lo necesitase en un futuro?

Cualquier individuo capaz de manejar sus propios asuntos puede tomar previsiones legales anticipadas para situaciones en las que pueda requerir apoyo de terceros de confianza en un futuro. Estas medidas incluyen:

  • Un «poder notarial preventivo» que permite a una persona designar a uno o varios individuos en un documento notarial para asistir y representarla cuando no pueda hacerlo por sí misma debido a una falta de capacidad natural para comprender y querer.
  • La «autocuratela«, mediante la cual una persona designa ante notario a individuos de su confianza para que sean nombrados curadores por un juez en caso de necesitar asistencia y representación en el futuro.

 

Otras figuras que pueden actuar como representantes

Además, está la «guarda de hecho«, donde una o varias personas brindan cuidados asistenciales a una persona con discapacidad sin requerir una designación formal por parte de un juez.

Sin embargo, si necesitan acreditar esta situación ante terceros como en una venta, bancos, entidades públicas o notarías, deben acudir al juez para obtener reconocimiento y autorización judicial especial para actuar en nombre de la persona con discapacidad en ciertos actos legales cotidianos o de gran trascendencia.

En ausencia de un guardador de hecho o si su actuación no es suficiente, se establece la figura del «curador» a través de un proceso judicial. Esta figura, de carácter estable y permanente, puede ser ejercida por personas físicas adultas o entidades sin fines lucrativos dedicadas a asistir a personas con discapacidad.

Los curadores pueden ser de dos tipos:

  • Curador asistencial: brinda cuidados diarios a la persona discapacitada.
  • Curador representativo: asume funciones representativas.

 

La autoridad judicial precisará los actos en los que el curador deberá prestar asistencia o ejercer la representación legal de la persona con discapacidad.

Finalmente, el «defensor judicial» es nombrado por el juez solo si hay conflicto de intereses entre el apoyo y la persona con discapacidad, o si existe una imposibilidad para brindar dicho apoyo.

 

Derecho a remuneración y reembolso para el curador y el guardador

Está determinado por la capacidad financiera de la persona y la evaluación del juez. Además, el curador, al igual que el guardador, puede requerir un reembolso por gastos justificados y ser compensado por daños durante su ejercicio.

Es importante destacar que las decisiones tomadas por la autoridad judicial deben respetar la autonomía máxima de la persona con discapacidad y siempre considerar sus deseos, preferencias y voluntad.

Además, estas decisiones deben ser revisadas en un plazo máximo de tres años, priorizando el respeto por las preferencias individuales y promoviendo una sociedad inclusiva.

Si conoces a alguien con discapacidad intelectual o avanzada edad con deterioro cognitivo que necesite realizar acciones financieras importantes, como vender propiedades, solicitar préstamos o hipotecas, firmar contratos de gran valor o aceptar herencias, podrás explicarles el rol y las capacidades de un curador. Incluso podrías sugerirles considerar designar uno por anticipación en previsión de una posible discapacidad futura, tras haber asimilado esta información.

 

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